Bogotá, 23 de septiembre de 2015. – Un plazo de seis meses para concluir las negociaciones, así como la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, hacen parte de los puntos incluidos dentro de un acuerdo trascendental para Colombia, acordado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC.

Así se conoció luego de una serie de reuniones en La Habana, en la que participaron el Presidente Juan Manuel Santos Calderón y Rodrigo Londoño Echeverri (“Timochenko”), el dirigente máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tras los encuentros, que contaron con la presencia del mandatario cubano Raúl Castro, delegados nacionales e internacionales, el Presidente Santos Calderón explicó que se acordó con “Timochenko” que las negociaciones de paz entre Gobierno y FARC deben concluir en seis meses.

“Es decir, que a más tardar el 23 de marzo de 2016 debe estar firmado el Acuerdo Final” del proceso de paz, anunció el mandatario de los colombianos.

Los miembros de las FARC empezarán a dejar sus armas a más tardar en dos meses luego de la firma del acuerdo final de paz, lo que sería en mayo de 2016.La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, “que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden”.

El Gobierno y las FARC se comprometieron con una fórmula de justicia que “satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito se está construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”. Se acordó crear una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, de acuerdo con el Comunicado conjunto No.60 divulgado este 23 de septiembre.

Justicia y víctimas

El acuerdo anunciado entre el Gobierno y las FARC, sobre el punto 5 relacionado con justicia y víctimas del proceso de paz, plantea que se creará una Jurisdicción Especial para la Paz.

A esta Jurisdicción llegarán todos los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado, para lograr una sentencia. Es una instancia diseñada no solo para los integrantes de las FARC sino también para los agentes del Estado, combatientes y no combatientes.

Al terminar las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Sin embargo no serán objeto de amnistía o indulto los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por la Jurisdicción Especial para la Paz.

Se busca así garantizar “que los crímenes cometidos con ocasión del conflicto, en especial los más graves y representativos, no quedarán en la impunidad”, precisó Santos. Esta Jurisdicción Especial para la Paz será un modelo “absolutamente respetuoso” de las obligaciones internacionales de Colombia, según lo expresó “Timochenko”.

Constará de un Tribunal y unas Salas de justicia, integrados principalmente por magistrados colombianos, y una minoría de “extranjeros que cumplan los más altos requisitos”. A través de tales instancias se investigarán, juzgarán e impondrán sanciones por estos delitos.

Las penas

Las sanciones que imponga este nuevo Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado.

Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de 5 años y un máximo de 8 años de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas hasta 20 años de prisión en condiciones ordinarias.

Aunque los delegados de las FARC se mostraron inicialmente reacios a aceptar su participación en determinadas acciones violentas y afirmaron ser víctimas de las acciones armadas del Estado colombiano, su posición fue cambiando en el curso de las negociaciones. “Estamos dispuestos a asumir responsabilidades por nuestras acciones a lo largo de la insurgencia”, precisó “Timochenko”.

Voces de optimismo

El Presidente Santos destacó el paso dado por las FARC al fijar estas bases de justicia transicional. “Somos adversarios, estamos en orillas diferentes, pero hoy avanzamos en una misma dirección que es la de la paz”, aseguró. Dijo sin embargo que llegar al acuerdo final de paz “no será una tarea fácil” por la complejidad de los temas que se deben abordar.

El Presidente de Cuba, Raúl Castro, manifestó que “quedan dificultades enormes por superar” para la paz en Colombia“, pero confío en que “serán vencidas” y se logrará poner fin a más de 50 años de conflicto armado. A su vez “Timochenko” invitó a aunar esfuerzos para “neutralizar el odio y la retaliación”, reiterando el deseo de las FARC de cumplir y llegar al acuerdo final en los seis meses de plazo acordados.