Monitoreo y Denuncia sobre la Situación de Amenazas y Homicidios en contra de Líderes, Lideresas y Defensores de Derechos Humanos en Colombia durante el 2016
- On 15 de diciembre de 2016
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[quote]“Con espíritu de servicio, acompañaremos la implementación del acuerdo, como voz profética que interprete al pueblo colombiano, y de modo especial, a las víctimas del conflicto armado, a los campesinos, a las minorías étnicas y a los más pobres”
El primer Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y el grupo guerrillero FARC-EP se firmó el pasado 26 de septiembre. Desde esa fecha hasta hoy, se registró un alto número de actos violentos en contra de personas que ejercen la labor de defensa de los derechos humanos, hecho que con miras a la implementación del Acuerdo Final genera preocupación.
A manera de contexto y reflexión, cabe hacer referencia a la preocupante similitud de algunos de estos hechos con el genocidio acaecido entre los años ochenta y noventa en Colombia, cuando fueron asesinados más de 5.000 miembros de la Unión Patriótica, el partido político creado en 1984 tras un acuerdo entre las FARC y el Gobierno de entonces. Tiempo después, la justicia determinó que grupos paramilitares y agentes estatales estuvieron detrás de este exterminio de líderes de izquierda.
Comunicado “La paz, compromiso de todos” de la Conferencia Episcopal de Colombia[/quote]
A continuación, se presenta una relación de los principales informes sobre este tema:
- OCHA Colombia, en su más reciente boletín humanitario mensual, pone en evidencia el aumento y la tipificación de las amenazas. “En cuanto al ELN, prácticamente triplicó su participación con respecto al 2015, pasando del 5 al 17 por ciento del total de eventos de amenazas”, afirma el organismo de monitoreo en el documento. De acuerdo con esa misma información, dichas amenazas han sido dirigidas principalmente a miembros de la población civil, entre los que se encuentran funcionarios públicos, estudiantes, líderes sociales y de derechos humanos. Esto, mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas, panfletos y hasta encuentros presenciales.
- La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, monitoreó al 30 de noviembre de este año 35 atentados y 52 homicidios en contra de líderes y lideresas defensoras de Derechos Humanos. Cinco casos más de homicidios se encuentran aún en análisis. El 75 por ciento de las víctimas de homicidio desarrollaban su actividad en ámbitos rurales.
- Según información del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), entre enero y septiembre del 2016, la violencia política en Colombia cobró la vida de 43 personas. En ese mismo lapso de tiempo, se registraron 169 amenazas de este tipo.
- El Centro Nacional de Memoria Histórica (CMH), basándose en datos brindados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), denuncia el asesinato de 94 líderes sociales.
- El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) calcula que hasta el pasado mes de septiembre, durante el 2016 se han producido 54 asesinatos y 274 amenazas también a activistas, defensores de tierras, líderes comunales, campesinos y sociales, que en su mayoría trabajan muy lejos de la Capital Colombiana, en las regiones.
- El programa Somos Defensores, entre enero y septiembre del 2016 registró un total de 54 asesinatos a defensores de derechos humanos.
- El pasado 22 de noviembre, el Presidente Juan Manuel Santos trinó en su cuenta de Twitter: “No vamos a permitir que los violentos pongan en riesgo la paz. Con comisión de DD.HH. definimos fortalecer protección de líderes sociales.”
- Las FARC, mediante el usuario oficial @FARC_EPueblo, manifestaron: “#NosEstanMatando Un nuevo genocidio está en marcha contra líderes sociales y campesinos. #QueLaPazNoCuesteUnaVidaMás.”
- Las FARC, el lunes 21 de noviembre, mediante una carta pública enviada al presidente Santos, se mostraron muy preocupadas por las amenazas y asesinatos perpetrados por quienes ellos mismos denominaron “agentes en contra del proceso de paz”.
- “Hasta ahora, la respuesta ha sido muy escasa por parte de las autoridades. La Fiscalía debe dar respuesta rápida en la investigación y determinar quiénes fueron los responsables, lo que es mucho más efectivo que cualquier sistema de protección con escoltas y carros blindados”, le dijo a CNN en Español Jorge Restrepo, analista y director del CERAC, el día 23 de noviembre.
- El pasado 2 de diciembre, 25 organizaciones de la sociedad civil internacional que suscribieron un comunicado en el que expresan que ven con profunda preocupación las “más de 81 acciones violentas perpetradas luego del cese al fuego bilateral declarado por el Gobierno de Colombia y las FARC-EP el pasado 26 de agosto de 2016 contra líderes y lideresas sociales que incluyen asesinatos, amenazas, atentados, robos y hostigamientos entre otras modalidades.”
- El pasado 7 de diciembre, la Vicedefensora del Pueblo, María Clara Jaramillo, enfatizó en la necesidad de ampliar la cobertura del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, ante los riesgos que conlleva la violencia sociopolítica en el país. Asimismo, reiteró la importancia de la presencia institucional del Estado en todo el territorio nacional. “La paz se construye en los territorios”, expresó durante la sesión en la que representantes de organizaciones sociales y de DD.HH. y algunos congresistas, usando mordazas simbólicas, discutieron el estado de las investigaciones por el incremento de los atentados y homicidios en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales.
Frente a los posibles responsables, las fuentes mencionan diferentes grupos:
- (Neo) paramilitarismo
- Grupos guerrilleros
- Grupos locales que se oponen a la restitución de tierras
- Grupos de limpieza social
- Casos de venganza individual
- Grupos criminales
- Fuerza pública
Los informes citados identifican una serie de factores que facilitan el crecimiento de este tipo de violencia:
- Falta de presencia integral del Estado en lugares que, por muchos años, miembros de las FARC imponían, a su manera, un “orden. Aspecto que, al parecer, ha generado consecuencias también desfavorables como el uso de la fuerza por parte de la población, para regular los conflictos.
- Surgimiento y expansión de todo tipo de criminalidad en dichos territorios, incluyendo la entrada de otros grupos al margen de la ley, quienes se disputan el control de las economías ilegales derivadas de cultivos ilícitos y minería ilegal. Hecho que afecta los derechos de las personas y pone en riesgo, principalmente, la vida de quienes los defienden por representar para ellos una especie de obstáculo.
- Además, esta situación se agudiza por las condiciones de pobreza y marginación históricas que persisten en zonas rurales de por los menos 22 departamentos del país.
- Oficina de la ONU para los Derechos Humanos
- Somos Defensores, Sistema de Información sobre Agresiones contra defensores y defensoras de DD.HH en Colombia – SIADDHH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica – CMH
- Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP
- Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ
- Espacio de Cooperación para la Paz
