30. Casanare construye memoria histórica desde la fe y la espiritualidad

Desde un principio, las dinámicas del conflicto armado en el departamento del Casanare han estado marcadas por las regalías petroleras y la ganadería, como también por la cocaína, no por la presencia de cultivos, sino porque la expansión cocalera del Meta forjó parte del pie de fuerza armado, en particular paramilitar, que se expandiría luego al Casanare (Salas-Salazar, 2016); así, durante su época de mayor auge, según Diana Arango, los grupos armados se habían dividido el territorio: de la mitad hacia el norte, compuesto por los municipios de Sámaca, Lasal Ina, Támara, Chámeza y Recetor, donde las guerrillas, especialmente el ELN, se asentaron desde la década de 1970, mientras que la otra mitad, lo que colinda con Boyacá y Arauca, era dominio paramilitar (Ávila, 2007).

Con estos antecedentes de violencia, el Acuerdo de Paz de 2016 es un hito porque incluye la necesidad formal de generar un relato que sirva de garantía de no repetición o por lo menos de ruptura histórica a través de tres características esenciales que definen la construcción de memoria: el reconocimiento del carácter rural de la confrontación y de la necesidad de abordar esta parte del país como paso necesario para la consolidación de la paz (Rodríguez, 2020); el reconocimiento de las víctimas, la verdad y la reparación como centro del Acuerdo; y el establecimiento de mecanismos para conseguir los objetivos del Acuerdo como instrumento que permitiría articular el proceso de memoria para cerrar este periodo histórico de violencia.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), cuenta con varios instrumentos para cumplir dicha tarea, esto es, la Justicia Especial para la Paz (JEP) que es el sistema de justicia transicional y, por supuesto, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV); el objetivo de la CEV es ofrecer una explicación de la complejidad del conflicto para un entendimiento compartido en la sociedad de lo ocurrido durante el conflicto armado (Comisión de la Verdad, 2019); concretamente, como lo dice la misión, “busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuya a sentar las bases para la no repetición, mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera”; la CEV cuenta con tres ejes de acción: participación, comunicación, pedagogía y gestión del conocimiento a través de una estructura dedicada a la construcción del relato de la memoria, con una perspectiva de participación de diferentes actores.

En el caso del Casanare, figuras como Efrén Antonio Hernández Díaz (protagonista de este caso), diputado en la Asamblea Departamental de Casanare, contralor departamental, gobernador de Casanare por encargo presidencial, alcalde de Yopal y representante a la Cámara por Casanare; y Jorge Eliecer Prieto Riveros (también protagonista de este caso), abogado y exsenador, se han constituido en figuras políticas que luchan para construir memoria histórica en Casanare; ambos consideran que la Memoria debe ser una construcción ética, narrativa, que represente el escenario de luchas sobre el sentido del pasado porque estas han sufrido transformaciones en línea a cambios históricos que dinamizan nuevos sentidos del pasado; así, por ejemplo, las memorias sobre hechos de violencia que permanecen silenciados por un tiempo, afloran cuando se configuran mayores condiciones de libertad de expresión; en consecuencia, las acciones como las de Efrén Hernández y Jorge Prieto, abordan la violencia en Casanare desde este enfoque, el cual ha implicado desarrollar emprendimientos de Memoria que permitan identificar los sentidos subyacentes en las narrativas sobre acontecimientos violentos.

Un elemento que Efrén Hernández y Jorge Prieto recalcan fuertemente en estos procesos, es el impacto de la Iglesia Católica, los sacerdotes y de toda la comunidad de feligreses en la consolidación de opciones civiles en medio de la guerra, en el acompañamiento a espacios de interlocución con actores armados, y en el apoyo a la creación de organizaciones sociales, y el fortalecimiento de los liderazgos locales; tal como lo menciona Jorge Prieto, “Muchas víctimas dicen que su fe ha sido un refugio, una vivencia íntima que fortaleció el sentido de sus vidas, que fue una esperanza cuando sentían que morían del dolor y fue Dios quien los sostuvo”; las creencias y prácticas espirituales han sido un recurso para soportar el sufrimiento y para hallar consuelo ante el dolor que la institucionalidad estatal no siempre logró comprender o atender.

La Iglesia está en todo el territorio del Casanare, incluso en los lugares más afectados por el conflicto y donde la institucionalidad estatal es más débil (CNMH, 2018), logrando una gran influencia en las comunidades, ya que ha permanecido en los territorios cuando muchos no pudieron o no quisieron hacerlo; en algunos casos, su presencia ha animado no solo a la resistencia, sino también al fomento de valores para oponerse al modelo de vida que impone la guerra; es así que la labor de los líderes espirituales ha sido fundamental como acompañantes cuando no ha habido nadie que brinde soporte emocional, humanitario y jurídico a las personas y comunidades victimizadas (CNMH, 2018), en esos contextos, las comunidades religiosas les ofrecieron a las víctimas la posibilidad de ser escuchadas y sostenidas en sus procesos de duelo en tiempos de incertidumbre y miedo: “las cadenas de oración, las reuniones para rezar el rosario o el novenario, el culto cristiano y la eucaristía, fueron espacios para compartir, ahuyentar el sentimiento de soledad, disminuir la distancia con el otro y sentirse parte de un colectivo”, según lo expresa Efrén Hernández.

Se puede concluir que en estos espacios se busca establecer la verdad y la responsabilidad de los crímenes graves, con ayuda de la Iglesia a las comunidades, para entender las causas del abuso y enfrentarlas, ya que sin el conocimiento preciso de las violaciones del pasado es difícil prevenir que ocurran nuevamente; con todo, la verdad puede ayudar en el proceso de recuperación, después de eventos traumáticos, restaurando la dignidad personal (con frecuencia después de años de estigmatización) y levantando salvaguardas contra la impunidad y la negación; así, el esclarecimiento de la verdad puede iniciar el proceso de reconciliación en tanto que la negación y el silencio pueden incrementar la desconfianza y la polarización.

Fuentes.

 Ávila, A (2007), “Monografía político electoral departamento de Casanare 1997-2007, Bogotá: Random House.

 Centro Nacional de Memoria Histórica (2018), Memoria y comunidades de fe en Colombia, Crónicas, Bogotá: CNMH.

 Comisión de la Verdad (2019), ¿Qué es la Comisión de la Verdad? Recuperado de https://comisiondelaverdadco/la-comision/que-es-la-comision-de-la-verdad.

 Palma, M (2013), Acerca del posconflicto en Colombia: elementos para definir su alcance y gestión y la implementación de políticas públicas, Bogotá: Observatorio de Política & Estrategia en América Latina.

 Salas-Salazar, L (2016), Conflicto Armado y Configuración Territorial: elementos para la consolidación de la paz en Colombia, Bitácora Urbano Territorial, 26(2), 45-57.

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a Las Victimas (2019), Centros regionales, Recuperado de wwwunidadvictimasgovco/es/servicioal-ciudadano/centros-regionales/43314.