28. Una apuesta por la paz: la reconstrucción del tejido social en Villa de La Esperanza

El Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) operó entre 1997 y 2006 en cinco departamentos y alcanzó a tener más de 4000 miembros en los cinco departamentos de su influencia: Casanare, Meta, Guaviare, Boyacá y Cundinamarca (CNMH, 2021a, pp, 133-139); contaban además con varios puntos de comunicación ubicados al borde de las carreteras que conectaban los cascos urbanos de municipios como San Luis de Palenque, Trinidad, Pore, Paz de Ariporo en el departamento de Casanare; uno de los principales objetivos del Bloque Centauros fue controlar la expansión de las guerrillas Farc-EP y ELN desde la cordillera Oriental, municipios de Támara, Sácama y Nunchía hacia Hato, Corozal, Paz de Ariporo, Pore y San Luis de Palenque en el departamento del Casanare (CNMH, 2021a, p,161).

El periodo entre julio de 1997 y julio de 1999, caracterizó la etapa de conformación del Bloque Centauros en relación con tres aspectos: 1) la forma en la que las estructuras preexistentes se integraron o no al proyecto de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) mediante alianzas inestables, definiendo con antelación, el destino del bloque, pues, a la larga, estas alianzas lo llevarían a su decaimiento y escisión; 2) la violencia indiscriminada contra la población civil a través de varias masacres que marcaron el inicio del avance a sangre y fuego de las tropas de Córdoba y Urabá sobre el territorio de los Llanos Orientales; y 3) la organización inicial del Bloque Centauros por frentes y jerarquización de sus comandancias que posibilitarían su expansión (CNMH, 2021a, pp, 133-134); en esta medida, el Bloque Centauros de las AUC, aparece tras la Masacre de Mapiripán entre el 15 y el 20 de julio de 1997, tras una alianza entre las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, dirigidas por Carlos Castaño y los demás grupos paramilitares de la región, que entre 1997 y 1999 cometieron 18 masacres más en la región con el fin de afianzar su control.

En este contexto, el desarme, la desmovilización y la reintegración forman parte del proceso en el que un grupo armado entrega sus armas, desmantela formalmente su estructura y sus integrantes comienzan la inclusión a la vida civil (CNMH, 2015, pp, 51-52); este proceso, en el caso del Bloque Centauros y Héroes del Llano y del Guaviare, se enmarcó en el “Acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir a la paz de Colombia” que firmaron el Gobierno Nacional y las AUC el 15 de julio de 2003 (CNMH, 2021b, p, 169), donde las AUC se comprometían a desmovilizar la totalidad de sus filas, fijaban fechas para un cese de hostilidades con el Gobierno y coordinaban todo lo necesario para su desarme, desmovilización y reintegración (CNMH, 2021b, p, 169).

El proceso de desmovilización dio paso a la construcción de proyectos productivos como fuente de empleo y rentabilidad de los desmovilizados, los cuales vienen a potenciar la inclusión al mercado laboral, la empleabilidad y la productividad; en el “ejercicio de su profesión u oficio como empleados, los reintegrados tienen la oportunidad de apropiarse de nuevas habilidades por medio del adiestramiento en una actividad, consiguiendo aumentar su productividad” (Becker, 1983, p, 74), puesto que la garantía económica es un factor importante en el proceso de incorporación del excombatiente a la vida civil porque le ofrece la posibilidad de retomar el plan de vida, suplir las necesidades apremiantes de salud, alimentación, educación y además interactuar en comunidad.

Humberto Aguirre (protagonista de este caso), representante legal de la organización agropecuaria Villa de La Esperanza, anotó: “nuestra organización surge en el año 2006 por medio de la desmovilización del Bloque Centauros donde se desmovilizaron 1135 miembros de todos los frentes; allí se inicia un proceso de reintegración y se crea la mesa interinstitucional para la reconstrucción del tejido social en el departamento con la participación de la Diócesis de Yopal y con Monseñor Vaca”; vale decir que la reintegración a la vida civil es un concepto señalado en el Decreto 128 de 2003 que estableció garantías socioeconómicas y jurídicas para los desmovilizados otorgando competencias, dentro del proceso de inclusión social, a instituciones como el Ministerio de Interior, Justicia y Defensa, y la vinculación de entidades de apoyo para liderar el proceso de inclusión económica donde se indica la programación e instalación de proyectos productivos; así, siguiendo a Henao (2013), la reintegración es un proceso social y económico donde el desmovilizado adquiere el estado civil, un empleo sostenible, y se desarrolla en las diferentes comunidades; más aún, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, siguiendo la línea de Henao, define la reintegración como el proceso a través del cual los desmovilizados adquieren un estatus civil y consiguen un empleo e ingreso económico de manera sostenible (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2008, p, 3554).

Es así como, “con ayuda del Gobernador del momento y la Secretaria de Agricultura, se asignan recursos por 5500 millones de pesos para proyecto productivos que, para el año 2009, y a través del Convenio 184 de 2008 se permite la asignación de esos recursos al proceso, donde iniciamos con la compra de una finca de 257 hectáreas en el municipio de Atorozal que estaba compuesta por 100 familias”, según lo cuenta Humberto Aguirre; es allí cuando se empiezan a realizar caracterizaciones de las personas que deseaban ingresar a este proceso de reintegración en el departamento, “reuniendo personas de diferentes grupos como las FARC-EP, el ELN, de las AUC y de las ACC, que en cierta forma, viéndolo desde cualquier óptica, eran enemigos acérrimos, pero fue a causa de la reintegración que se gestionaron espacios de trabajo en conjunto y de tejido social”, señaló Humberto.

Es necesario abordar los determinantes que contribuyen a la reconstrucción del tejido social que favorecen los procesos de reincorporación de los excombatientes, pues, las relaciones y roles que cada uno de los miembros asume en la organización agropecuaria Villa de La Esperanza, ha incidido en la convivencia, refuerza la identidad y propicia nuevas formas de comprender el territorio; según Gabriel Mendoza, el tejido social “es un proceso histórico de vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social” (Mendoza, 2016, p, 10), de tal modo que el tejido social, reconstruido a partir de este proyecto, es la interacción o relación existente entre el individuo, lo colectivo y la institucionalidad.

Esta reconstrucción de tejido social también ha sido posible por el respaldo y colaboración de la Diócesis, en particular con Monseñor Misael Vaca, ya que la espiritualidad ha sido un recurso valioso en todo el proceso de reconstrucción de tejido social, estos han sido claves en la consolidación de opciones civiles en medio de la guerra, en el acompañamiento a espacios de interlocución con otros exactores armados y en el apoyo a la creación de organizaciones sociales y el fortalecimiento de los liderazgos locales, en donde la fe y la Iglesia han sido un refugio de fomento de valores para oponerse al modelo de vida que impone la guerra; además, la Iglesia ha emprendido iniciativas para luchar contra la violencia dentro de las comunidades, hogares y escuelas con programas de educación en resolución de conflictos y otras formas innovadoras para incentivar a las personas a trabajar juntas, en vez de competir entre sí, esto busca no sólo mejorar las relaciones sino también disminuir el miedo y el estigma a la reintegración.

Fuentes.

 Mendoza, G (2016), Reconstrucción del tejido social: una apuesta por la paz, México: Centro de Investigación y Acción Social por la Paz del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

 Centro Nacional de Memoria Histórica (2021b), Memorias de una guerra por los Llanos, Tomo II, El Frente Capital y el declive del Bloque Centauros de las AUC, CNMH.

 Becker, G (1983), El capital humano, Segunda Edición, Alianza Editorial, SA, Madrid, España.

 Henao (2013), Modelo de atención psicosocial de la política de reintegración de grupos armados ilegales una pregunta por la identidad (Tesis de grado), Universidad del Rosario, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Programa de Psicología.

 Consejo Nacional de Política Económica y Social (2008), Documento 3554 de 2008, República de Colombia.

 Centro Nacional de Memoria Histórica (2021a), Memorias de una guerra por los Llanos, Tomo I, De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUC, CNMH.