37. FUNDAVICA: Forjadores de Paz, Esperanza y Reconciliación

El informe del Centro de Memoria Histórica sobre el conflicto en Colombia registró 158 masacres cometidas por miembros de la fuerza pública desde mediados del siglo XX, la mayoría de estos crímenes se cometieron desde los años ochenta en contra de líderes o contra civiles que no tenían nada que ver con el conflicto, pero que fueron presentados como guerrilleros para mostrar resultados; estas masacres, realizadas en su mayoría conjuntamente con grupos paramilitares, terminaron por exterminar organizaciones sociales campesinas y movimientos políticos como la Unión Patriótica en el Magdalena Medio, Antioquia y los Llanos Orientales (FIDH, 2012); un ejemplo de ello, entre el 2 y 7 de noviembre de 2003, integrantes de una patrulla militar asesinaron a cuatro personas en la vereda de Potosí, ubicada en el corregimiento de Anaime, en el municipio de Cajamarca, Tolima; durante esa semana, los militares sacaron a las víctimas de sus viviendas y se las llevaron amarradas para luego torturarlas y quitarles la vida y, antes de marcharse del caserío, saquearon las casas y robaron ganado; entre las víctimas estaban: Ricardo Espejo, fiscal del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima, Sintragritol, y Marco Rodríguez, afiliado al sindicato de San Miguel de Perdomo.

Los cuerpos fueron hallados en varias fosas comunes en Potosí, según datos del centro de investigación académica CINEP (2014), los hechos causaron el desplazamiento forzado de por lo menos 20 familias del pueblo; estos militares eran miembros de la Sexta Brigada del Ejército, ya que días antes de los hechos, algunos uniformados censaron la población; por estos hechos, en 2009 fueron condenados, en calidad de coautores, a cuarenta años de prisión y a reparar económicamente a las víctimas, el Mayor Juan Carlos Rodríguez, el suboficial Wilson Casallas Suescún y el soldado Albeiro Pérez Duque, Rodrigo Molina Prieto, ex militar relacionado con el crimen, recibió una condena de 36 años y medio.

El 10 de abril de 2004, se presentó la masacre de la familia Mendoza Reyes por parte de miembros del Ejército Nacional en la que murieron varios menores de edad, entre ellos, un bebé de seis meses de edad; al confundirlos como guerrilleros, los miembros de la familia fueron: Albeiro Mendoza Reyes, Yamile Urueña Arango, Julio César Santana Gutiérrez de 14 años, Norberto Mendoza Reyes y Cristian Albeiro Mendoza Urueña de seis meses de nacido; esto produjo un tercer desplazamiento forzado, cambiando radicalmente la composición de los pobladores de Anaime; con este panorama, a partir de estas dos masacres surge en diciembre del 2018 la Fundación de Víctimas de Cajamarca y Anaime Forjadores de Paz, Esperanza y Reconciliación – FUNDAVICA, la cual nace de una necesidad por un espacio de representación de las víctimas del conflicto armado de Cajamarca, así como un ente que busca forjar memoria histórica de lo ocurrido para que no se vuelva a repetir en el municipio.

Helman Orlando Cárdenas Pineda (protagonista de este caso y miembro de FUNDAVICA), comentó que desde su constitución participan alrededor de 130 familias víctimas del conflicto de Cajamarca y el corregimiento de Anaime, cuyo propósito es terminar con esa cultura de no asumir las causas sociales del conflicto dejando de lado aquello que debía contar la víctima y su búsqueda de verdad y justicia (Sánchez, 2003, p 98), tal como menciona Helman: “el hecho de no reparar y de olvidarlo todo no ha permitido a la sociedad colombiana resolver la guerra que sufre hoy día”; por ello, la Fundación ha buscado reinaugurar el pacto social, reiterando la necesidad de justicia y verdad para las víctimas, pues, se cree que la paz es el valor más importante y que para su consecución es válido hacer cualquier cosa, a propósito Sánchez afirma: “hacer como si las guerras no hubieran existido, en aras de la reconstrucción de la unidad social y política de la nación, ha sido también una forma de perpetuarlas, de negarse a resolverlas” (2003, p, 109,) y lo reitera Helman: “la negativa constante a afrontar las condiciones reales del conflicto ha sido la razón fundamental para que la guerra no termine”.

Dentro de las iniciativas desarrolladas por la Fundación, desde la representatividad se destacan: 1) la construcción de puentes de coordinación entre las instancias de participación de las víctimas a nivel municipal, departamental y nacional, con el fin de que su participación sea parte fundamental de la coordinación de todo el sistema de atención y reparación integral; 2) fortalecer la participación en espacios territoriales de discusión y concertación de las políticas públicas y; 3) entregar herramientas conceptuales que permitan reclamar garantías y derechos a las víctimas para que se forme a los ciudadanos para reconocer, respetar y ayudar a resarcir los daños de los conflictos.

En lo económico, tal como lo recalca Helman Cárdenas, “con la incidencia de participación en políticas públicas, se buscan constituir oportunidades de ingresos para los beneficiarios encargadas de transformar materias primas insignias de Cajamarca y mediante esta vida laboral, solventar parte de las necesidades de la población víctima”; este Programa, enfatizado en víctimas y actores del conflicto armado, “puede ser un elemento potencializador de nuevas relaciones sociales, de comprensión y de superación de situaciones del pasado que afectaron gravemente la dignidad y la integridad de las personas” (Reyes, 2018, p, 33).

Lo que respecta a memoria histórica, “hemos logrado actividades de incidencia como la realización de un mural que se hizo en la Plaza de Mercado Principal, donde hay un campesino que se encuentra lamentando el conflicto armado con un letrero que dice: “Cese al fuego bilateral”, también hemos generado una placa conmemorativa para no dejar en el olvido las víctimas, pero también hemos logrado conseguir un espacio donde nos podemos reunir, recordar y que se ha constituido en el Centro de Integración Social de toda la comunidad”, enfatizó Helman; este ejercicio de recordar significa adentrarse en un mundo en el que los sujetos crean sus propios diálogos, en el que se transforman eventos y en el que, para llevar la pesada carga, se generan imaginarios sobre valentía, honor, ferocidad o todo lo opuesto, de acuerdo con la manera en la que se haya vivido el pasado; la experiencia personal y las memorias subjetivas de cada individuo cobran especial importancia en la cultura, el lenguaje y el poder (Halbawchs, 1994).

Finalmente, es de resaltar que los procesos de memoria también se han realizado desde lo espiritual, a partir de los relatos de las víctimas; no se piensa el perdón solo como algo subjetivo, ligado a la intimidad y al proceso psíquico y espiritual, ya que se ha observado que lo espiritual también puede ser colectivo mediante la conmemoración del acto a través de misas como símbolos de perdón, arrepentimiento, reconciliación o sanación; en esta medida, como lo destacó Helman: “se han generado espacios desde la Iglesia y lo comunitario para que las personas contaran su historia para que sanen sus heridas, para que la esperanza vuelva a sus miradas y para que trabajemos unidos en seguir construyendo la paz que tanto deseamos”.

Fuentes.

• FIDH (2012), Colombia, La Guerra se mide en litros de sangre Falsos positivos, crímenes de lesa humanidad: más altos responsables en la impunidad Colombia: Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice.

• González, F (2014), Poder y violencia en Colombia, Bogotá: Odecofi – Cinep.

• Halbwachs, M (1994), Los marcos sociales de la memoria Barcelona: Anthropos.

• Reyes Rodríguez, A (2018), El emprendimiento como herramienta de reconciliación para las víctimas y actores del conflicto armado en Colombia.

• Sánchez, G (2003), Guerras, memoria e historia Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.